En 1990 el Presidente Aylwin fundó la Comisión Nacional de Verdad y de Reconciliación, conocida como “Comisión Rettig” para establecer una verdad oficial o de Estado, acerca de los hechos de violencia política acontecidos durante el régimen militar. Como resultado de su trabajo, la Comisión entregó un informe al Presidente con un relato de los hechos sobre cerca de 3.000 casos de violaciones de DD.HH. o hechos de violencia política con resultado de desaparición o muerte.

En materia de reparaciones se establecieron variados mecanismos. La reparación histórica, vinculada a la memoria de aquellos que resultaron muertos durante el gobierno militar y la petición de perdón formulada en cadena nacional de televisión por el Presidente Aylwin, en nombre del Estado, fueron algunas de las más destacables. Luego de establecer la verdad de las violaciones de los Derechos Humanos fue posible plantear compensaciones económicas y de otro tipo para los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH.

Planteada hoy, esta pregunta no debería generar problemas, dado que sabemos que el respeto de los Derechos Humanos es una condición básica de la democracia.

Pero en 1990, al momento de la llegada de la Concertación al poder, esta era una verdad incómoda, defendida por los familiares de las víctimas y apoyada por los partidos de la Concertación, pero que generaba preocupación en ciertos círculos castrenses, que veían con recelo las iniciativas que, en su opinión, amenazaban con empañar el legado del régimen militar. El amedrentamiento a la población con el empleo de armas por parte de las Fuerzas Armadas, aun cuando este era potencial y no real, generaba un ambiente político enrarecido, que condicionaba las intenciones de unos y otros por lograr esclarecer la verdad y aplicar justicia.

En 1990, el presidente Patricio Aylwin debía enfrentar la difícil tarea de llevar adelante un gobierno que tenía como característica central, lo que el sociólogo Tomás Moulián denominó la “cárcel de acero”: la constitución de 1980 protegía ciertos elementos de continuidad del régimen militar ya concluido, siendo uno de los principales, la presencia del general Augusto Pinochet en el cargo de comandante en jefe del Ejército (en el que se mantuvo hasta 1997). Si bien esta presencia era evaluada por algunos como un elemento de continuidad institucional, para otros constituía un punto de tensión para lograr la esperada reconciliación nacional.

Este punto de tensión sería parte de las particulares características de la transición chilena a la democracia. Por lo tanto, la forma de mantener la estabilidad política en los gobiernos de la Concertación fue a través de negociaciones con distintos sectores políticos y militares, lo que fue conocido en la época como la Política de los Consensos.

En este marco, el Gobierno buscó implementar su tesis de “justicia en la medida de lo posible”, optando por buscar mecanismos de reparación a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y privilegiar el conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido en el régimen militar.